Ley General de Archivos en México, incertidumbres y retos

Juan Carlos López

Con la finalidad de salvaguardar la memoria histórica de la nación y promover el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, en junio del pasado 2019 entró en vigor La Ley General de Archivos, misma que contempla un reordenamiento sustancial en la manera en la que las instituciones públicas manejan, preservan y organizan los archivos y documentos resultantes de sus labores.

A quince días de que venza la fecha límite para que los distintos organismos gubernamentales se alineen al nuevo estatuto, sólo el 22% de los estados cuentan con una Ley local en la materia, confirmó el Doctor Carlos Ruiz Abreu, Director General del Archivo General de la Nación.

Entre los sujetos obligados a cumplir con esta nueva norma, se cuentan “todas las instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los tres órdenes de gobierno”.

Lo anterior no solo representa un reto logístico considerable para quienes dirigen estas instituciones, sino también un desafío en materia tecnológica, ya que, como bien refiere la Ley, los Sistemas Automatizados de Gestión Documental (SAGD) a implementar, deberán cubrir una serie de requisitos funcionales específicos para garantizar la protección y correcta difusión de los archivos. Así mismo, se tendrán que contemplar y acatar estándares internacionales de administración y clasificación archivística.

En medio de la incertidumbre que podría generar este cambio, se suma la necesidad de capacitar al personal de las instituciones que aún no está familiarizado con este tipo de sistemas, que a primera vista exigen una curva de aprendizaje amplia, así como el dominio de habilidades propias del manejo de archivos digitales.

Finalmente se hace necesaria la participación de profesionales de la información a fin de coadyuvar en todos los procesos inherentes de la gestión documental, así como considerar la inversión en infraestructura y desarrollo tecnológico que coloquen los archivos en manos de todos y todas.